LA TUTA Y GODOY EL ESCANDALO DEL NARCOFUERO

o dijo Julio César Godoy Toscano que la de la grabación no era su voz. No dijo el diputado federal por Michoacán que él nunca tuvo esa conversación.
No.
Dijo que esa prueba ya había sido desestimada por un juez.
Algo similar dijo el jefe de la bancada del michoacano, Alejandro Encinas. Y dijo más: “Nosotros no somos nadie para sancionar, esto debe desahogarlo la comisión instructora”.
Dijo el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, condenando lo que según él es una filtración de la PGR: “Si no lo castigan los jueces o no lo desafora la Cámara de Diputados, entonces que lo castigue la opinión pública. No debería de hacerse eso, es grave, porque se violentan derechos constitucionales”.
El viernes, Leon Krauze le preguntó a Mary Thelma Guajardo, diputada del PRD, integrante de la comisión que decidirá el desafuero, un hipotético bastante simple: ¿si resultara que la conversación es lo que dicen las autoridades federales, qué habría qué hacer?
Contestó la diputada que no quería dar una opinión para actuar con responsabilidad. La justicia tiene que ser completa, dijo. Tiene que existir un expediente completo.
Si todo fuera cierto, preguntó León, ¿se arrepentiría de haber facilitado la toma de protesta del diputado Godoy? No hubo respuesta.
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Para Cecilia Romero, ex titular del Instituto Nacional de Migración, ella no tuvo ninguna responsabilidad en la tragedia de San Fernando, donde fueron asesinados 72 migrantes centro y sudamericanos. Ni siquiera por omisión. Apenas fue un incidente que se le atravesó en sus ganas por ser lideresa nacional del Partido Acción Nacional.
No importa que desde hace años se había denunciado que el crimen organizado estaba secuestrando migrantes, o que el instituto estaba plagado de corrupción, o que todo mundo conocía del tren de la muerte donde delincuentes y policías se juntan para aterrorizar migrantes.
No. Ni por omisión.
Los responsables son otros.
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Ni a Daniel Karam, director del Instituto del Seguro Social cuando en una guardería murieron decenas de niños en el lugar en el que el instituto les había prometido protegerlos, ni al ex director, Juan Molinar, quien autorizó la operación de dicha guardería, se les ocurrió que fueran en manera alguna responsables de lo sucedido. Y ahora presumen orgullosos cómo lograron que la Suprema Corte desechara la opinión de uno de sus miembros que opinaba lo contrario.
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Ni a Mario Marín, ex gobernador de Puebla, ni a Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz, se les ocurrió que tuvieran responsabilidad alguna cuando fueron exhibidos. Ni a Arturo Escobar, del PVEM, cuando en un aeropuerto apareció con un maletín cargado de billetes. La responsabilidad era de otros. Arturo Montiel, sí, ese Montiel resultó legalmente exonerado de haberse transado un centavo.
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Los ejemplos abundan.
Escondidos tras las faldas de la ley, o más bien, de lo que las chicanas y un buen abogado les permiten, los políticos mexicanos viven sin vergüenza.
En el más reciente de los hechos, el de la conversación entre La Tuta y el diputado Godoy, sus compañeros de partido se escandalizan por la supuesta ilegalidad de la PGR al haber hecho público el audio (digo supuesta porque nadie ha verificado si fue de la PGR de donde salió una grabación que andaba hace meses en muchas manos). Hasta ayer a mediodía no les había escuchado una sola condena para el legislador que habla con tal chabacanería con uno de los delincuentes más buscados en México y que le pide que amenace a un periodista.
Hay una línea muy delgada, me dice el viernes Sabino Bastidas, entre la solidaridad y la complicidad.
No es esta práctica, ni de lejos, provincia exclusiva de algún partido, corriente o ideología, y más bien se encuentra viva y abundante en la clase política toda.
Mientras lo que haga no sea delito, o me consiga un buen abogado que convenza a un juez que lo que hice no lo es, yo no tendré problema. Que nadie me reclame nada.
Yo siempre he pensado que el estándar para un servidor público debería ser más elevado. El de lo legal es un piso demasiado bajo, por obvio, por elemental.
La ética pública y la responsabilidad de quien sirve al país desde un puesto de elección popular o uno de gobierno no son las mismas que el del ciudadano de a pie. Entre otras cosas, por eso la sociedad les otorga ciertos privilegios y canonjías.
No en México.
No hay responsabilidad política.
No hay rubor. No hay vergüenza.
Hay buenos abogados para que las pruebas sean desestimadas.
El jueves, en San Lázaro, Julio César Godoy Toscano se la pasó muy risueño.
Me temo que se reía de todos nosotros.
MILENIO