México: país rico... pero pobre
Marco Appel

FUENTE: PROCESO

BRUSELAS., 26 de febrero (apro).- Los programas contra la pobreza emprendidos por los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón han resultado ineficaces, razón por la cual México se reafirma como uno de los países con la peor distribución de riqueza en el mundo, según concluye la Comisión Europea en un memorándum interno dirigido al Comité para el Instrumento de la Cooperación al Desarrollo del Consejo Europeo, que componen los 27 países asociados.
El documento –con número de folio D006077-01-00 y fechado en 2009– es confidencial y fue igualmente transmitido al Comité de Desarrollo del Parlamento Europeo para su escrutinio. Además, sirvió a la Comisión Europea –que gestiona las relaciones de la UE con México– para justificar ante las demás instituciones del bloque su decisión de transferir a ese país 10 millones de euros en el marco de su Programa Integrado de Cohesión Social. 
         El memorándum, de cinco páginas (cuya copia obtuvo este corresponsal el 18 de diciembre pasado al amparo del reglamento sobre acceso público a la documentación del Parlamento Europeo), ubica a México como “un país de medio ingreso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con un ingreso per cápita de 7 mil 300 dólares”.
         Luego menciona que, pese al “amplio rango” de reformas implementadas desde mediados de los 90 para elevar la productividad y el crecimiento, “han sido insuficientes” para acortar la brecha con los países más avanzados de la OCDE.
         Puntualiza: “El contexto socio-económico de México está caracterizado por una extendida pobreza y una de las más desiguales distribuciones de ingresos del mundo. Los logros en la reducción de la pobreza en los últimos años han sido limitados y los enormes intereses de los grupos políticos han actuado como un freno a la toma de decisiones políticas y a la implementación de reformas” en la materia.
         En el texto se exponen las razones por las que, en 2009, la UE enfocó su Plan de Acción Anual para México “exclusivamente en la cuestión de la cohesión social”, es decir, la lucha contra la pobreza y las desigualdades:
         “Pese a un significativo incremento en el gasto público social (...) las estimaciones indican que más de 42% de los mexicanos todavía viven por debajo de la línea de la pobreza, la mitad de ellos en extrema pobreza.
         “El gasto gubernamental en programas sociales destinados a aliviar la franja de población en extrema pobreza casi se ha duplicado desde principios de los 90. Sin embargo, ese gasto significa un modesto porcentaje de 1.3% del Producto Interno Bruto, comparado con el 16% que representa todo el gasto en el sector social.”
         Explica que “la mayor parte de tales fondos oficiales” son canalizados a los sistemas de educación, salud y seguridad social, y están orientados principalmente “hacia el sector formal de la economía”.
         No obstante, agrega, “casi la mitad de los mexicanos depende directa o indirectamente de la economía informal, y está excluida de aquellos servicios provistos por el Estado”. Por tanto, concluye el documento, “en la situación actual, el gasto público general (del gobierno mexicano) en el sector social únicamente genera un insignificante efecto redistributivo (de la riqueza) y contribuye poco a fomentar la cohesión social”.

Paradoja socioeconómica
Durante el período 2000-2006, 30% de los fondos de cooperación de la UE para México se concentró en proyectos de lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales. Para el periodo 2007-2013, ese porcentaje se incrementó y alcanzará 40%, de acuerdo a la Guía Estratégica para México.
         Otro 35% se destinó a proyectos de “competitividad y de economía sustentable” (el mismo porcentaje que en el periodo precedente 2000-2006), y el restante 25% a programas de “educación y cultura”. Los fondos no contemplaron los programas relacionados con el fortalecimiento del Estado de derecho y las instituciones, ni el patrocinio de la ciencia y la tecnología, como los había en la programación 2000-2006.
         Respecto de otros países latinoamericanos, el tratamiento que le da la UE a México es particular: por un lado, le otorga una menor cantidad de ayuda al desarrollo, porque lo considera un país rico. Pero, por otro lado, enfoca la mayor parte de los recursos al combate a la miseria y las desigualdades económicas como en los países más pobres del continente.
         De tal modo, mientras que entre 2007 y 2013 México recibirá 55 millones de euros en ese tipo de fondos por parte de la UE, Guatemala obtendrá 135 millones de euros, El Salvador 121 millones y Ecuador 137 millones, en el mismo lapso.
         En contraste, la UE concedió a Brasil –la otra potencia latinoamericana–61 millones de euros. Pero la repartición de dichas ayudas será muy diferente a la de México: allá 70% de los recursos serán destinados a la “promoción de las relaciones” bilaterales, y el 30% restante a proyectos medioambientales.

Chiapas
Los 10 millones de euros que transferirá la UE a México forman parte del programa integrado de cohesión social para la zona “selva” y “sierra” del estado de Chiapas, según otro documento interno de la Comisión Europea al que tuvo acceso este corresponsal.
De acuerdo con ese expediente (D/164373, “Ficha de acción para México Anexo 1”), el programa será gestionado por el gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Desarrollo Social estatal, que también participa con un fondo equivalente a 10 millones de euros.
Así, este nuevo programa se convierte en el más cuantioso de la actual cooperación entre México y la UE, una vez que finalizó el Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible (Prodesis) en la Selva Lacandona, el cual contó con un presupuesto total de 31 millones de euros.
El programa para Chiapas tendrá una “duración operacional” de cuatro años con ocho meses, a partir de 2010. Sin embargo, en la decisión de echar a andar el programa, las autoridades de la Comisión Europea ignoraron la campaña de represión y hostigamiento contra activistas sociales que llevan a cabo las autoridades mexicanas federales y estatales.
Al respecto, el pasado 27 de enero, el eurodiputado español Willy Meyer Pleite y la eurodiputada alemana Sabine Lösing, ambos del grupo de la Izquierda Unitaria y Verdes Nórdicos, entregaron una “pregunta parlamentaria” a la Alta Representante de Asuntos Exteriores y de Seguridad de la UE, Catherine Ashton.
En esa comunicación, los eurodiputados exponen a Ashton “la preocupación ante la campaña de criminalización de movimientos sindicalistas, indígenas y ecologistas emprendida por el gobierno mexicano, tras su decisión de conceder 54 exploraciones y explotaciones mineras a multinacionales en el estado de Chiapas, que suman en total más de un millón de hectáreas”.
Exponen que “en agosto el líder antiminero Mariano Abarca fue detenido; que en septiembre la ONG K’inal Antsetik –especializada en derechos de la mujer e indígenas– sufrió un atentado, y que fue detenido José Manuel Hernández Martínez, histórico luchador agrarista, junto con otras personas.
“Mariano Abarca y Abelardo Mérida –dicen los eurodiputados–fueron asesinados, y Adolfo Guzmán Ordaz ha recibido amenazas de muerte, además de que varios defensores de los derechos humanos en la zona han expresado públicamente su temor ante el riesgo de ser desaparecidos, asesinados o detenidos injustamente.”
La pregunta que le hacen a Ashton: “¿Considera que son compatibles estos sucesos con los términos del Acuerdo de Asociación México-UE que contempla una cláusula de respeto a los derechos humanos?”.
La jefa de la diplomacia europea está obligada a responder en las próximas semanas.
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