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Tribuna de Chihuahua
Gloria Leticia Díaz; www.proceso.com.mx
Según el organismo, en dicho suceso estarían involucrados miembros del Ejército Mexicano.
Por medio de un comunicado, el CEDHM exigió al gobierno de Felipe Calderón la presentación inmediata de José Ángel Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Alvarado Reyes, quienes, dijo, fueron detenidos por soldados el pasado 29 de diciembre y cuyo paradero se desconoce hasta ahora.
Los hechos ocurrieron días antes de que fuera asesinada la defensora de derechos humanos Josefina Reyes Salazar, quien participó en actos de protesta en contra de las “arbitrariedades cometidas por soldados” en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua.
De acuerdo con la información proporcionada al CEDHM por familiares de las víctimas, alrededor de las 8 de la noche del pasado 29 de diciembre, un convoy del Ejército, compuesto por dos vehículos oficiales, una Hummer y una camioneta Chevrolet de doble rodada, incursionaron de manera violenta en el municipio de Buenaventura, ubicado al noroeste de Chihuahua.
Según esa información, en el operativo, unos 10 soldados detuvieron sin órdenes de aprehensión a los primos José Ángel y Nitza Paola Alvarado, a los que subieron por la fuerza a uno de los vehículos.
Más tarde, el convoy militar se dirigió al domicilio de la madre de Rocío Alvarado Reyes, al que entraron por la fuerza “sin ninguna orden judicial y destrozaron el mobiliario”, señala la denuncia.
Añade que los soldados ingresaron a la habitación de Rocío, y por la fuerza se la llevaron, mientras que a su madre y a dos pequeños que estaban en el domicilio, los encerraron en el baño, cuando la señora protestó por la detención ilegal.
El día de los hechos, las familias de los detenidos dieron parte a las autoridades municipales de Buenaventura, y pasado 30 de diciembre presentaron una queja en la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, en Nuevo Casas Grandes.
Dijeron que los funcionarios se negaron a recibir la denuncia, y los remitieron a la delegación de la dependencia en Buenaventura. Añadieron que, el 31 de diciembre, el agente del Ministerio Público, Aarón Enríquez Duarte, integró una averiguación previa por los delitos de privación ilegal de la libertad.
Señalaron que Enríquez Duarte les dijo que, el 29 de diciembre, “hubo una redada en el ejido y que tenía información de que sus familiares estaban en el 35 Batallón de Infantería porque estaban siendo investigados”.
De acuerdo con la denuncia, con esa información, los familiares se dirigieron al 35 Batallón, con sede en Nuevo Casas Grandes, para preguntar por las víctimas, pero el vigilante los corrió diciéndoles “¡Váyanse a la chingada; aquí no es Cereso!”.
El pasado 4 de enero, los familiares presentaron una queja en la Oficina de Atención de Quejas y Denuncias, del Operativo Conjunto Chihuahua, en Ciudad Juárez, donde fueron recibidos por Javier González Mocken, quien inició la queja 886/09. Además, interpusieron una denuncia en la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra los elementos del Ejército mexicano, y el 6 de enero acudieron al CEDHM para pedir apoyo.
En el comunicado, el CEDHM solicita al Estado mexicano que “cumpla con su obligación internacional de impedir que se lleven a cabo desapariciones forzadas. Le recordamos que apenas hace una semanas México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un caso de desaparición forzada”.
Lo anterior, en referencia a la sentencia que dictó la CIDH por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco, en agosto de 1974, a manos del Ejército mexicano, emitida el pasado 15 de diciembre.
En cartas dirigidas a Felipe Calderón; al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, y al gobernador José Reyes Baeza Barraza, el CEDHM exige la presentación de los tres desaparecidos, la investigación y sanción a los responsables, así como que no se repitan actos de “desaparición forzada ni ningún acto violatorio a los derechos humanos por parte del Ejército mexicano”.
Fuente:
roceso.com.mx 
