lunes, 26 de abril de 2010

Impunidad para todos...La Familia paga


El estruendo de los dólares es igual de intimidante y efectivo que elde los cuernos de chivo. Así lo reflejan los expedientes de la PGR a los que Excélsior tuvo acceso y que, por primera vez, exhiben las declaracionesde los testigos protegidos que dieron lugar al michoacanazo

Declaraciones de testigos protegidos, recogidas por la Procuraduría General de la República (PGR), ponen en evidencia el precio de los funcionarios públicos y dan cuenta de los enlaces políticos que ha creado el cártel de La Familia Michoacana para tejer la red de complicidades que le ha permitido apoderarse de la entidad en menos de una década.
Excélsior tuvo acceso a las averiguaciones previas en las que, por primera vez, se da a conocer la transcripción de los testimonios anónimos que dieron origen a la detención masiva de servidores públicos michoacanos (el pasado 26 de mayo) y que destaparon el financiamiento de campañas electorales, la compra de protección policiaca y la ejecución de funcionarios incómodos, todo con el supuesto patrocinio del narco.
Si bien la aparición pública de La Familia Michoacana data de septiembre de 2006 fecha en la que fueron arrojadas cinco cabezas humanas en un bar de Uruapan, a lo que siguió un desplegado publicado por los capos en la prensa local, los expedientes de la PGR muestran que la mafia habría comenzado a gestarse y a penetrar en todos los niveles de poder estatal desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel (2002-2008)
Según las narraciones, procuradores de Justicia, subprocuradores, burócratas de alto nivel, jefes policiacos regionales, presidentes municipales, agentes y, en general, todo aquel que sirva a los intereses del cártel michoacano es ingresado a una supuesta nómina.
El personaje de mayor rango mencionado en las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEITA/213/2006, PGR/SIEDO/UEITA/129/2008 y PGR/SIEDO/UEITA/205/2009 es Miguel García Hurtado, quien era procurador general de Justicia del estado al momento de su captura. Actualmente sigue preso.
“Sé que (García Hurtado) trabaja para La Familia Michoacana porque yo mismo le entregué en algunas ocasiones sus pagos, que consistían en la cantidad de 20 mil dólares mensuales por su ayuda a la organización, y actualmente sigue colaborando directamente con Nazario Moreno González, alias El Chayo”, refiere “Ricardo”, uno de los cuatro testigos protegidos que hablaron ante la PGR, en su declaración del 9 de enero de 2009.
El informante refiere que el propio procurador del gobernador Leonel Godoy presumiblemente ponía en manos del crimen a los agentes que se negaban a cooperar.
“Sobre la desaparición del subdirector de la Policía Municipal de Uruapan, Carlos Negrete Lezama, García Hurtado lo mandó llamar a su oficina de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con la finalidad de entregarlo a La Familia Michoacana, ya que la persona mencionada no estaba sirviendo a los intereses de dicha organización en Uruapan”
De acuerdo con los testimonios recogidos por PGR, la organización criminal michoacana tiene tarifas por los servicios prestados: un procurador puede recibir hasta cien mil dólares mensuales; un director de Seguridad Pública estatal, 20 mil dólares al mes; un comandante regional de la Policía Ministerial, 20 mil dólares y un director Antisecuestros, 15 mil dólares.
“Otro es el primer comandante regional de la Policía Ministerial del estado, Noé Medina Martínez (actualmente preso), a quien se le entregaban 20 mil dólares mensuales, quien es compadre de rango de Nazario Moreno González, alias El Chayo, y quien protege domicilios o casas de seguridad de parte de miembros del grupo criminal, así como negocios”, señala “Ricardo”.
Y agrega: “Cuando van a hacer sus reuniones en la ciudad de Morelia los principales líderes de La Familia Michoacana, les ponen seguridad para que no seanmolestados”.
Otra de las revelaciones del informante es que La Familia Michoacana cuenta con una especie de “oficina” de relaciones políticas. “Dentro de esta estructura criminal, una de las piezas claves o importantes es Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, quien actualmente se encarga de las relaciones políticas y económicas de La Familia, para que cuando estén las campañas políticas de todos los niveles, esta persona se encarga de contactar a los actores para apoyarlos en su campañas y cuando ganan les cobra el favor, pidiendo que se permita la venta de droga y la inserción de elementos de ellos en los niveles de seguridad pública estatal para tener control de sus acciones”.
“Ricardo” habla de presuntas entregas de hasta 350 mil dólares para los candidatos a presidentes municipales “con la finalidad de que si quedaba como alcalde, proporcionaría para la organización la Dirección de Seguridad Pública, así como dar las facilidades para que la organización pudiera realizar sus actividades ilícitas, como lo es el desembarque de droga y tienditas de droga, sin que fueran molestados por las autoridades del lugar”.
Refiere además que Juan Gaona Gómez, empleado de la Dirección de Gobernación (actualmente preso), expedía credenciales oficiales apócrifas.
“Las cantidades de dinero a que hago referencia que recibía de parte de Nemesio Oceguera Valencia, alias El Abuelo Mencho, estos pagos eran a cambio de que, valiéndose del cargo, expedía credenciales a nombre de miembros de La Familia, que los acreditaba como agentes de Gobernación de Michoacán”, señala el informante.
EXCELSIOR

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Tribuna de Chihuahua