El Estado no está dispuesto a "obedecer a la delincuencia", advierte Gómez Mont

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, aseguró que el Estado no está dispuesto a obedecer a la delincuencia organizada ni a poner nuestras libertades, patrimonio y movilidad en manos de grupos de asesinos y violentos. Por eso, señaló, apostamos a que la obediencia sea a la ley.

Al participar en la primera mesa de discusión del segundo Foro político seguridad y justicia: reforma penal, organizado por la Red nacional de organizaciones civiles de apoyo a los juicios orales y al debido proceso, el funcionario justificó, una vez más, la estrategia aplicada por el gobierno federal para el combate al crimen organizado porque, manifestó, es la apuesta para que la obediencia sea a la ley.
Dijo que gracias al uso de las fuerzas armadas, 90 por ciento de las bajas de los 22 mil exterminados a consecuencia de la lucha contra el crimen organizado está en la delincuencia organizada, y sólo 10 por ciento en instituciones y blancos civiles. Y ese 90 por ciento, indicó, se debe a sus propias guerras intestinas.
Gómez Mont reconoció que en anteriores sexenios el crimen se incubó en las instituciones del país, porque pasó de ser una práctica incruenta que buscaba ser discreta a una actividad pretendiendo controlar territorialmente al país, apropiarse de sus instituciones y buscar desplazar, por medio de la fuerza, a su competencia.
Al principio de esta administración, dijo, hubo imprevisión en la respuesta a esa violencia, porque nos equivocamos en nuestra permisibilidad (sic), al confundir ilegalidad y violencia, sin darnos cuenta que la ilegalidad gesta la violencia.

El Estado tiene que ser capaz de infundir temor

Pero el uso de potencias institucionales, como definió a las fuerzas armadas, permitió llevar a cabo el esfuerzo de reconstrucción institucional que permitiera la reconfiguración, la recreación, la restructuración de las instituciones del Estado.

Ante legisladores federales y representantes de la sociedad civil, manifestó que constantemente se busca cuestionar la estrategia implementada, pero nadie ha determinado que el diagnóstico estuviese equivocado.

Defendió que las respuestas institucionales están acompañadas de esfuerzos complementarios que ayudan a la reconstrucción del tejido social. Hoy por hoy, parte del esfuerzo que se está manejando no es someter, contener o desplazar a la criminalidad organizada, sino cooptarle fuerza de trabajo, competirle, a fin de tratar de ganar, para la democracia formal y para la economía formal, aquella fuerza de trabajo que se está yendo con esa delincuencia organizada. Por eso, subrayó, tenemos que ofrecer alternativas económicas, y en toda esta lucha indicó, el Estado tiene que ser capaz de infundir temor.
También se refirió a la figura del Ministerio Público. Aseguró que las investigaciones que se lleven a cabo deben ser secretas para construir certidumbre. Si un proceso se socializa sólo se acrecienta, como ocurrió –ejemplificó– con el caso de la niña Paulette Gebara, donde lo único que sacaron fueron más dudas que soluciones, mucho menos certidumbres al respecto. Y lo que se cuestiona es que el fiscal haya anticipado conclusiones y dudas antes de haber terminado los procesos cognitivos que le podían permitir afirmar una conclusión.
El presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, también participó en la mesa denominada La reforma penal en la estrategia de seguridad pública: legitimidad del uso de la fuerza. Indicó que es necesario mejorar la estrategia a seguir en toda la República para tener mejores condiciones de ataque en esta lucha contra el crimen organizado... Lleva consigo también el que requerimos de mejores políticas públicas para mejorar (sic) las condiciones en el ámbito de cada una de las actividades de estos presuntos delincuentes.
También participó el presidente del Senado de la República, Carlos Navarrete Ruiz, quien condenó que el Estado mexicano se mantenga al margen de lo que ocurre con Diego Fernández de Cevallos, porque el asunto no es un expediente cerrado ni puede serlo... El Estado mexicano no puede quedarse echado para atrás, con la espalda contra la pared, afirmó.