Las cuentas sucias de Fox y Calderón

Falta de transparencia, corrupción, subejercicios e ineficiencia para manejar más de un billón de pesos por excedentes petroleros –que no se sabe dónde están o en qué se gastaron– halló Arturo González de Aragón al fiscalizar, como auditor superior de la federación, las cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox y dos años de la administración de Felipe Calderón. Ya retirado de su importante función, revela en entrevista las “cochinas” maniobras con las que el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, lo presionó constantemente para que no ahondara en las ilegalidades y dejara impunes a sus personeros.

MÉXICO, D.F., 21 de agosto (Proceso).- Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2002 a 2009, el contador  Arturo González de Aragón revela en entrevista con Proceso que durante su gestión recibió presiones del Ejecutivo Federal; anónimos y amenazas de los banqueros para que modificara sus dictámenes sobre las cuentas públicas que se referían al rescate bancario, y “sugerencias” del PRI para que en el caso del Pemexgate emitiera recomendaciones laxas y que no se trataran “jamás de Francisco Labastida”.
Además, González de Aragón hubo de confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revirtió sus dictámenes sobre la ilegalidad de los casos de Fobaproa, ISOSA y los multimillonarios Contratos de Servicios Múltiples de Pemex que autorizó el entonces director jurídico de la paraestatal, César Nava, con la anuencia de Felipe Calderón como secretario de Energía. Particularmente lo sorprendió la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” e impidió que el erario recuperara 100 mil millones de pesos.
A ocho meses de haber dejado la ASF y dedicado por ahora  a concluir un libro de reflexiones, González de Aragón recuerda que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Francisco Gil Díaz lo acosó con auditorías personales, a su despacho e incluso a una empresa de la que ya no formaba parte. El “finiquito” de tales auditorías lo retuvo durante meses dicho funcionario “como una espada de Damocles”.
También la Procuraduría General de la República lo investigó cuando indagaba sobre la posible desviación de recursos públicos hacia la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, la esposa del presidente Fox.
Extracto del reportaje principal de la edición 1764 de la revista Proceso, ya en circulación.